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Utilizan dinero de los venezolanos para proselitismo político
AL VENTAJISMO
OFICIAL EN CAMPAÑA DEL REFERENDO NO HAY QUIEN LO DETENGA
Caracas, 30 de enero de 2009
El
Carabobeño
A menos de tres semanas para el referendo sobre la enmienda
constitucional propuesta por el Presidente Chávez, las calles de
Valencia reflejan por doquier propagandas de ambos lados.
Paredes con frases alusivas a alguno
de los bandos, entrega de volantes, vallas y pendones, conforman el
panorama habitual durante días previos a una contienda electoral.
Sin embargo, lo que no resulta normal
es la utilización de bienes y oficinas públicas para promover la
modificación de la Carta Magna. Los vehículos de las instituciones
gubernamentales tienen enormes rotulaciones en apoyo a la enmienda,
mientras que en las sedes de la alcaldía de Valencia y el CLEC hay
afiches con el mismo tipo de mensajes parcializados.
Por si fuera poco, en los portales
web de entes adscritos al Gobierno Nacional, como el Ministerio del
Popular para Economía y Finanzas, tienen recuadros que apoyan la
opción del “Sí” para la consulta.
Esta situación obviamente genera un
ventajismo para el sector oficial, que bajo la mirada indiferente de
los organismos reguladores, utiliza el dinero de los venezolanos
para hacer proselitismo político a favor de su proyecto.
Violación flagrante
Las leyes venezolanas en la materia
son claras al prohibir que los funcionarios e instituciones públicas
participen como factores activos en un debate electoral. Esto
significa que no pueden promover ninguna opción para las elecciones,
y mucho menos, hacerlo a través del dinero del Estado venezolano.
La violación actual de estos
principios no fue notada por el Ministro de Comunicación e
Información, Jesse Chacón, mientras denunciaba el desequilibrio de
los medios en la cobertura de noticias generadas por cada una de las
alternativas para el 15 de febrero. Al parecer, ninguna otra
autoridad venezolana tiene la iniciativa de comentar sobre el
flagrante atropello de las leyes.
Las dependencias oficiales no asumen
su responsabilidad y permiten que se sigan violando las normativas,
en una carrera contra el tiempo que ubica a los adversarios en
desigualdad de condiciones.
El director de Datanálisis, Luis
Vicente León, inclusive dijo que “la oposición compite contra el
presupuesto nacional”, en referencia a que todo el despliegue
comunicacional y la propaganda del mandatario nacional, es costeada
con fondos públicos.
Campaña de abuso institucional
Para el politólogo Ricardo Sucre, “lo
que ha habido es un gran abuso de la policía, de los ministerios, de
la Fiscalía, de la Contraloría, de las Fuerzas Armadas, más que
propaganda, lo que hay es un ataque institucional contra las
personas que tienen una opción diferente, porque esa opción puede
ganar”.
Indicó que desde 2006 se ha afianzado
el abuso del Estado en campañas electorales, lo que ha permitido que
la desigualdad de condiciones y la conflictividad sea mayor en cada
competencia.
A su juicio, todo esto es parte de
una estrategia del Ejecutivo para tratar de imponerse y vencer la
similitud de cifras que tiene con la oposición.
“El Gobierno siente que ya su
proyecto político no va a durar o no se va a aplicar como quiere, y
ya no puede comprar y disponer de tanto dinero, así que apelan ahora
a la coacción o la fuerza bruta para ver si lo pueden imponer”,
aseveró.
Aunque los organismos encargados de
velar por el cumplimiento de la legislación, deciden obviar el
problema y desviar la atención del asunto, confía en que la
población será objetiva y crítica para escoger la mejor alternativa,
indiferentemente del bombardeo político que haya recibido de una de
las partes.
Genera ventajismo
Por su parte, la coordinadora
regional de Súmate en Carabobo, María Teresa Gómez, explicó que el
irrespeto de las normas genera ventajismo para la campaña pro
enmienda. Indicó que los funcionarios públicos están al servicio del
Estado, pero no deben estar parcializados hacia una política.
Agregó que la situación también
afecta a los trabajadores del sector público. “Se hace coerción y
presión a los funcionarios y empleados del Estado, eso también lo
consideramos una violación que tiene que ver con la propaganda,
ellos tienen que colocarse una camisa, un símbolo, eso lo vimos en
el caso del Metro de Caracas, que usan camisas con el chaleco del
‘Sí’”.
Ante la pasividad de los entes
reguladores que no controlan el problema, Gómez recomendó a la
sociedad civil que denuncie las violaciones. “Este país es nuestro,
no nos podemos hacer los locos ante tanto ventajismo y tanta
violación, la misma enmienda la consideramos inconstitucional e
ilegal, es atropellada en sus lapsos”, sostuvo.
La dirigente regional de la
organización, explicó que este compromiso atañe a todos los
venezolanos, quienes quizá nunca imaginaron que deberían defender
las leyes de su país con sus propias voces y voluntades.
El dirigente nacional de Acción
Democrática, Antonio Ecarri, calificó como peculado de uso la
situación. “Ver descaradamente como salen las gandolas de Pdvsa con
afiches del “Sí” y tocando cornetas por las calles de Caracas; es un
delito en flagrancia que podría ser noticias críminis para cualquier
fiscal”.
Lamentó que los poderes del Estado no
funcionen correctamente y permitan el abuso de poder de quienes
ocupan los cargos públicos.
Irrespeto a la ley
La Constitución de Venezuela
establece en su artículo 67 que “...No se permitirá el
financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos
provenientes del Estado”.
A su vez, las normas de publicidad y
propaganda para el referendo de la enmienda especifican en su
artículo 18 que los funcionarios públicos tienen prohibido: actuar
en ejercicio orientados por sus preferencias políticas, a favor o en
detrimento de alguno de los bloques; hacer publicidad o propaganda
electoral en sus sitios de trabajo (inclusive, mediante su uso u
ostentación); usar los locales de dependencias gubernamentales para
proselitismo político; utilizar o permitir que se usen bienes del
patrimonio público en beneficio de cualquier opción.
El artículo 19 señala que “los
órganos y entes públicos nacionales, estadales o municipales no
podrán realizar publicidad y propaganda electoral y en tal sentido
no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o
favorecer determinada opción. No se permitirá el uso de los bienes
propiedad de la República, de los estados o municipios con el fin de
favorecer o promover una opción o alguno de los bloques constituidos
a favor de las opciones del referendo”.
La Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política, en su disposición 207, expone que “la
fijación de carteles, dibujos u otros medios de propaganda análogos,
no podrá hacerse en los edificios o monumentos públicos; ni en los
templos, ni en los árboles de las avenidas y parques”.
El 210 indica que “en el lapso de
cualquiera de las campañas electorales previstas en esta ley, el
Gobierno Nacional, estadal o municipal no podrá hacer publicidad o
propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u
organización que conlleve fines electorales y se limitará a los
programas estrictamente informativos”, “Los ministerios, institutos
autónomos, las empresas del Estado o aquellas en cuyo capital la
participación gubernamental sea determinante y los demás órganos del
Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no
podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los
electores”.
El artículo 215 aclara que los
empleados de la Administración Pública Nacional, Estadal y
Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política en el
ejercicio de sus funciones.
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